Hay un consenso difícil de discutir: la vivienda es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Administraciones, profesionales y ciudadanía coinciden en la necesidad de aumentar la oferta, garantizar el acceso y contener los precios. Pero a menudo queda fuera del debate una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el propio sistema administrativo y normativo forma parte del problema?

No es la única causa, pero sí un factor de peso. Con la voluntad legítima de garantizarlo todo —calidad, seguridad, garantías jurídicas—, el modelo de edificación ha ido acumulando capa sobre capa de regulación. El resultado de hoy es un sistema denso y poco ágil, donde obtener una licencia de obra se ha convertido en un proceso lleno de incertidumbres: plazos largos e imprevisibles, y una falta de homogeneidad entre municipios que hace que lo que vale en un ayuntamiento no valga en el de al lado. Proyectos técnicamente correctos se tienen que reformular simplemente porque cambia el criterio administrativo.

Una cultura del control que se paga

Buena parte de este modelo responde a una administración que busca protegerse jurídicamente y a una cultura del control cada vez más presente. Se le han ido sumando verificaciones, informes y requerimientos, y por el camino se ha perdido cierta empatía institucional. El caso de las cédulas de habitabilidad es un ejemplo: se les han incorporado exigencias que mezclan criterios de habitabilidad con cuestiones de legalidad urbanística —competencia de los ayuntamientos—, generando más documentación cuando sería más eficaz apostar por mecanismos directos como la inspección.

Cuando se analiza por qué el precio de la vivienda crece por encima de los salarios, se suelen señalar el suelo o la falta de oferta. Son factores reales, pero hay otros menos visibles: la carga burocrática de los proyectos y el coste de adaptar las edificaciones a normativas nuevas. Cada requerimiento o informe duplicado alarga los procesos, genera más horas de trabajo y más incertidumbre. Y ese coste no desaparece: se traslada al precio final.

Revisar mejor, no revisar más

Simplificar no quiere decir desregular. Quiere decir eliminar duplicaciones y clarificar procedimientos. Tres direcciones claras:

  • ✓Información pública comprensible — que las webs de los ayuntamientos expliquen con claridad qué documentación se pide.
  • ✓Recuperar el proyecto como documento técnico suficiente para obtener la licencia, con el visado colegial aportando agilidad a la revisión técnica.
  • ✓Definir bien las responsabilidades de cada agente para evitar revisiones duplicadas.

No se trata de revisar más, sino mejor. Porque el tiempo también tiene un valor: cada retraso en la tramitación modera inversiones y encarece el resultado.

Dónde encaja la tecnología

Aquí es donde creemos que la tecnología puede ayudar de verdad. No para sustituir el criterio del arquitecto ni para saltarse ninguna garantía, sino para absorber la parte mecánica y repetitiva que hoy consume horas: redactar la memoria de un proyecto a partir de la normativa vigente y verificar, artículo por artículo, que el proyecto cumple antes de presentarlo a la administración.

Cuando la parte técnica de comprobación deja de ser un cuello de botella manual, los plazos se comprimen y la incertidumbre baja. La burocracia no se resuelve solo con mejor regulación: también con herramientas que hagan que cumplirla sea rápido y verificable. Este es, precisamente, el problema que en Wabilon hemos decidido resolver.

Artículo basado en la tribuna de Claudina Relat, expresidenta de la Demarcación de Comarques Centrals del COAC, publicada en La Vanguardia.